La producción de información en Nicaragua, su control y su utilización ha sido tema de varios artículos que he escrito, por lo cual encontrar afirmaciones públicas sobre la cantidad de bibliografía existente sobre un aspecto particular de la economía, producida en o sobre Nicaragua, me alegra.
En la nota periodística “Eligen comité técnico de la Red Nacional de Información Agraria” (La Prensa, 4 de febrero del 2008, sección Universitaria) la periodista Wendy Álvarez H. indica que Ruht Velia Gómez, Directora del CENIDA de la UNA afirmó que en RENIDA se “tiene 20 bases de datos disponibles y a nivel de sector tiene un registro de información de 27, 508 títulos nacionales de 71,011 registros generales” y que “provienen de las bases de datos de las 24 instituciones miembros de la Renida”.
Ojalá así fuera
En efecto me complacería sobremanera que la situación así fuera. Que la afirmación de tantos títulos de la bibliografía nacional agropecuaria fuera una realidad. Pero resulta que existe duplicación entre estas instituciones, debido al programa de intercambio de publicaciones existente. Una búsqueda cualquiera en la base de datos de RENIDA arroja siempre resultados repetidos en al menos 5 instituciones. Esto puede significar que la producción bibliográfica institucional de cada una está representada en las colecciones de las otras 23 restantes.
Un simple ejercicio de cálculo podría indicarnos la cantidad, sino total, al menos más aproximada de títulos de esta bibliografía. El ejercicio consiste en dividir el total de estos registros entre el total de las instituciones representadas en RENIDA, y al resultado, sumarle el 10% inicial de los mismos, considerando que son monografías que realizan los estudiantes de las 5 o 6 universidades miembros y que sólo existen en las instituciones donde se presentaron.
Total títulos nacionales: 27508
No Instituciones en Renida: 24
Resultado 1(No. Títulos nacionales: 1146
10% total títulos nacionales: 2750
Resultado 2Títulos nacionales: 3896
A este total debemos dividirlo entre el número de años representado en la base de datos (años más antiguo y el año más reciente) para obtener el promedio de la producción bibliográfica nacional en el sector agropecuario, cantidad que al carecer de los datos de la producción bibliográfica nacional en su totalidad (ver La producción bibliográfica nacional) es difícil, medir su representación e impacto en la misma. En otras palabras, no sabemos que porcentaje representa para Nicaragua, esta cantidad de títulos al que se alude.
Utilidad de estas reflexiones
Para concluir, el cálculo indica que sólo existe un aproximado de 3896 títulos de la producción bibliográfica agraria nacional y no los 27 mil 508. Pero este dato tan bajo, puede también ser errado porque puede que no todos los títulos estén repetidos. Sin embargo, vale preguntarse, que si la base de la economía de Nicaragua ha sido y sigue siendo el sector agropecuario y sobre este se ejercen acciones constantes de evaluación, planeación, diagnósticos, ensayos, experimentos, etc., dónde se encuentra toda la documentación generada por las mismas. La respuesta es que sigue dispersa y sin control, y sin tan siquiera, tener forma de saber al menos de su existencia.
Crear las bases de datos individuales por cada institución y luego ponerlos al alcance del público en una base de datos colectiva es el primer paso para controlar la bibliografía nacional agropecuaria y RENIDA lo ha hecho en cumplimiento de la primera acción indicada en su objetivo: “Organizar, sistematizar la información nacional agraria y...” Para cumplir la segunda acción, SISTEMATIZAR, se tienen que realizar dos acciones más. Primera, un inventario real de la producción bibliográfica agropecuaria nacional, excluyendo los duplicados para evitar la distorsión actual sobre la cantidad exacta o aproximada. Segunda, redactar un informe de esta bibliografía que refleje el tipo de documentos que representan, el idioma en que se encuentran y las regiones geográficas (departamentos y municipios) productoras de información y sobre los cuales se ha realizado la investigación o se narra la experiencia y precisar la tendencia periódica de esta producción bibliográfica. En principio estas acciones deben permitir, y de ahí su utilidad e importancia:
a) Orientar la investigación académica dentro de las universidades, tanto la que ejecutan como ejercicio de culminación de estudios de estudiantes como la que realizan los institutos y academias de investigación. Pero también debe permitir orientar la planificación de las investigaciones y estudios en el sector agropecuario desde el estado y la sociedad civil.
b) Planificar el rescate bibliográfico de parte de todos los miembros de RENIDA (darle prioridad al procesamiento de los materiales de información nacionales que aun tienen en sus instituciones) y estimular la colaboración de organizaciones productoras y tenedoras de bibliografía agropecuaria que están en los territorios y que no son parte aún de RENIDA.
Ambos productos, el inventario y el informe, en manos de los especialistas deberá ser un instrumento de concertación del sector agropecuario que responderá a saber qué se ha hecho, dónde y cuándo y ayudará indudablemente a orientar qué hacer y quiénes deberían hacerlo, con lo cual se evitará la duplicación de recursos.
A esto tiene que apostar RENIDA. Será el complemento de su aporte al desarrollo bibliotecario y del sector agropecuario de Nicaragua.
miércoles 27 de febrero de 2008
lunes 11 de febrero de 2008
Las Oficinas de Acceso a la Información Pública
El 3 de mayo del 2006 se publicó en El Nuevo Diario como parte de la lucha por la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) un artículo mío sobre los retos de la misma. En él aludí dos temas que, a mi juicio, favorecerían el control de la información para poder garantizar su debido acceso, objeto fundamental de la ley. Primero: la organización de la existente (abundante por cierto y dispersa entre oficinas y depósitos espontáneos no habilitados que van desde una oficina vacía –en el mejor de los casos- hasta el servicio higiénico de algunas instituciones). Segundo, la codificación de la documentación futura que facilite su ubicación y localización con más facilidad de la que, de estar organizados, resulta actualmente. Ambas acciones han ser ejecutadas por; hasta ahora, unos completos ineficientes y/o casi inexistentes archivos institucionales “dirigidos” metodológicamente por un Archivo Nacional que durante años ha sido tratado como una verdadera cenicienta por su madrastra Estado.
Pero al margen de las acciones que identifico no han sido cumplidas, todavía, la LAIP entró en vigencia sin pena ni gloria, hace casi un mes, y hace poco se publicó el reglamento que norma su funcionabilidad, mismo que está fundamentado en la propuesta de la Sociedad Civil, en especial de la Fundación Violeta Barrios.
Ley desnuda a moros y cristianos
Este gran preámbulo (lo hice con el propósito de contextualizar) es sólo la antesala al problema, a la paradoja.
Sobrada razón tenían (siguen teniendo) aquellas y aquellos que se han atrevido a manifestar que detrás de la negativa de las/os diputados por aprobarla, habían intereses de por medio. Pero es que no sólo se oponen (oponían a la promulgación y ahora a su implementación) los que cometen actos reñidos con la ley (que eufemismo) para su enriquecimiento personal. Existe otro grupo y sin temor a equivocarme, mayor al primero, cuya negativa, resistencia, oposición, etc., la mayor parte del tiempo en forma solapada y hasta traicionera (esta bien que la aprueben, pero yo no la cumplo) es debido a su ineficiencia, temor a quedar al descubierto de que durante años, quizás décadas, han ocupado cargos gubernamentales cuya ineficiencia e ineficacia, quedará al desnudo, mostrando un legado de mentiras, de retórica, de palabrerío con cierto sentido pero sin asidero.
Y no es que estos personajes sean exclusivos de la burocracia estatal. Los hay también en al sociedad civil (ONG, Movimientos y otros) pero estos son menos y, además, no los afecta esta ley. Que interesante sería encontrar en los sitios WEB de la cooperación externa, el destino, uso e impacto de los recursos financieros que por períodos entrega (ha entregado) a Nicaragua, y no sólo al Estado.
Auditoría social más efectiva
Recién tuve una discusión con dos compañeros ligados al agro: un ingeniero agrónomo que brinda asistencia técnica y un productor campesino. Dos conversaciones diferentes, un mismo tema y una misma conclusión. ¿Dónde está la cooperación externa que durante 30 años (o más) ha ingresado al país para erradicar la pobreza (excusa de ahora) para desarrollarnos (excusa de siempre)? ¿Será que estaríamos peor?
La efectividad de la implementación de la LAIP, será el complemento de la auditoría social que se debe practicar desde la bibliografía nacional si hubiese un control bibliográfico nacional (http://biblionica.blogspot.com/). Es decir, si una parte importante de esa cooperación se destina a la “investigación para la acción” sus resultados deberían estar al alcance y poder determinar, mediante un estudio comparativo: ¿cuáles son las estrategias que se han implementado? ¿En qué lugares se han aplicado? ¿Qué frutos y qué impacto –por favor no retóricos- han tenido? Y, obviamente, determinar en qué y cuánto se ha gastado?
Conocer dónde y a quién dirigirse es necesario
A un mes de entrada en vigencia la ley, todavía el Estado se muestra lento en informar al público cómo se llaman y dónde están las oficinas de atención a la población. Y, como lo han denunciado algunos organismos que le dan seguimiento al tema, ni siquiera existe presupuesto propuesto para la implementación de la misma en cada una de las dependencias estatales.
Yo mientras tanto he apelado a funcionarios/as de algunos de los miembros del grupo promotor de la LAIP en busca de información y la respuesta ha sido EL SILENCIO. También he solicitado información a colegas de entes estatales (antes y después de entrada en vigencia la LAIP) y la respuesta también ha sido EL SILENCIO, lo cual sólo me indica que puedo no estar equivocado en mis apreciaciones sobre las razones de estos y estas funcionarias para no brindar información.
Sin embargo, en cumplimiento de la ley, el Estado debería de decidir quién será responsable en cada institución y publicar la lista de nombres y demás datos de las personas a las que la población debe acudir, en el entendido que, por lo desorganización actual de la información, la precisión de la respuesta no será siempre efectiva. Pero por algo se debe empezar.
Pero al margen de las acciones que identifico no han sido cumplidas, todavía, la LAIP entró en vigencia sin pena ni gloria, hace casi un mes, y hace poco se publicó el reglamento que norma su funcionabilidad, mismo que está fundamentado en la propuesta de la Sociedad Civil, en especial de la Fundación Violeta Barrios.
Ley desnuda a moros y cristianos
Este gran preámbulo (lo hice con el propósito de contextualizar) es sólo la antesala al problema, a la paradoja.
Sobrada razón tenían (siguen teniendo) aquellas y aquellos que se han atrevido a manifestar que detrás de la negativa de las/os diputados por aprobarla, habían intereses de por medio. Pero es que no sólo se oponen (oponían a la promulgación y ahora a su implementación) los que cometen actos reñidos con la ley (que eufemismo) para su enriquecimiento personal. Existe otro grupo y sin temor a equivocarme, mayor al primero, cuya negativa, resistencia, oposición, etc., la mayor parte del tiempo en forma solapada y hasta traicionera (esta bien que la aprueben, pero yo no la cumplo) es debido a su ineficiencia, temor a quedar al descubierto de que durante años, quizás décadas, han ocupado cargos gubernamentales cuya ineficiencia e ineficacia, quedará al desnudo, mostrando un legado de mentiras, de retórica, de palabrerío con cierto sentido pero sin asidero.
Y no es que estos personajes sean exclusivos de la burocracia estatal. Los hay también en al sociedad civil (ONG, Movimientos y otros) pero estos son menos y, además, no los afecta esta ley. Que interesante sería encontrar en los sitios WEB de la cooperación externa, el destino, uso e impacto de los recursos financieros que por períodos entrega (ha entregado) a Nicaragua, y no sólo al Estado.
Auditoría social más efectiva
Recién tuve una discusión con dos compañeros ligados al agro: un ingeniero agrónomo que brinda asistencia técnica y un productor campesino. Dos conversaciones diferentes, un mismo tema y una misma conclusión. ¿Dónde está la cooperación externa que durante 30 años (o más) ha ingresado al país para erradicar la pobreza (excusa de ahora) para desarrollarnos (excusa de siempre)? ¿Será que estaríamos peor?
La efectividad de la implementación de la LAIP, será el complemento de la auditoría social que se debe practicar desde la bibliografía nacional si hubiese un control bibliográfico nacional (http://biblionica.blogspot.com/). Es decir, si una parte importante de esa cooperación se destina a la “investigación para la acción” sus resultados deberían estar al alcance y poder determinar, mediante un estudio comparativo: ¿cuáles son las estrategias que se han implementado? ¿En qué lugares se han aplicado? ¿Qué frutos y qué impacto –por favor no retóricos- han tenido? Y, obviamente, determinar en qué y cuánto se ha gastado?
Conocer dónde y a quién dirigirse es necesario
A un mes de entrada en vigencia la ley, todavía el Estado se muestra lento en informar al público cómo se llaman y dónde están las oficinas de atención a la población. Y, como lo han denunciado algunos organismos que le dan seguimiento al tema, ni siquiera existe presupuesto propuesto para la implementación de la misma en cada una de las dependencias estatales.
Yo mientras tanto he apelado a funcionarios/as de algunos de los miembros del grupo promotor de la LAIP en busca de información y la respuesta ha sido EL SILENCIO. También he solicitado información a colegas de entes estatales (antes y después de entrada en vigencia la LAIP) y la respuesta también ha sido EL SILENCIO, lo cual sólo me indica que puedo no estar equivocado en mis apreciaciones sobre las razones de estos y estas funcionarias para no brindar información.
Sin embargo, en cumplimiento de la ley, el Estado debería de decidir quién será responsable en cada institución y publicar la lista de nombres y demás datos de las personas a las que la población debe acudir, en el entendido que, por lo desorganización actual de la información, la precisión de la respuesta no será siempre efectiva. Pero por algo se debe empezar.
