Las Oficinas de Acceso a la Información Pública

El 3 de mayo del 2006 se publicó en El Nuevo Diario como parte de la lucha por la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) un artículo mío sobre los retos de la misma. En él aludí dos temas que, a mi juicio, favorecerían el control de la información para poder garantizar su debido acceso, objeto fundamental de la ley. Primero: la organización de la existente (abundante por cierto y dispersa entre oficinas y depósitos espontáneos no habilitados que van desde una oficina vacía –en el mejor de los casos- hasta el servicio higiénico de algunas instituciones). Segundo, la codificación de la documentación futura que facilite su ubicación y localización con más facilidad de la que, de estar organizados, resulta actualmente. Ambas acciones han ser ejecutadas por; hasta ahora, unos completos ineficientes y/o casi inexistentes archivos institucionales “dirigidos” metodológicamente por un Archivo Nacional que durante años ha sido tratado como una verdadera cenicienta por su madrastra Estado.

Pero al margen de las acciones que identifico no han sido cumplidas, todavía, la LAIP entró en vigencia sin pena ni gloria, hace casi un mes, y hace poco se publicó el reglamento que norma su funcionabilidad, mismo que está fundamentado en la propuesta de la Sociedad Civil, en especial de la Fundación Violeta Barrios.

Ley desnuda a moros y cristianos

Este gran preámbulo (lo hice con el propósito de contextualizar) es sólo la antesala al problema, a la paradoja.

Sobrada razón tenían (siguen teniendo) aquellas y aquellos que se han atrevido a manifestar que detrás de la negativa de las/os diputados por aprobarla, habían intereses de por medio. Pero es que no sólo se oponen (oponían a la promulgación y ahora a su implementación) los que cometen actos reñidos con la ley (que eufemismo) para su enriquecimiento personal. Existe otro grupo y sin temor a equivocarme, mayor al primero, cuya negativa, resistencia, oposición, etc., la mayor parte del tiempo en forma solapada y hasta traicionera (esta bien que la aprueben, pero yo no la cumplo) es debido a su ineficiencia, temor a quedar al descubierto de que durante años, quizás décadas, han ocupado cargos gubernamentales cuya ineficiencia e ineficacia, quedará al desnudo, mostrando un legado de mentiras, de retórica, de palabrerío con cierto sentido pero sin asidero.

Y no es que estos personajes sean exclusivos de la burocracia estatal. Los hay también en al sociedad civil (ONG, Movimientos y otros) pero estos son menos y, además, no los afecta esta ley. Que interesante sería encontrar en los sitios WEB de la cooperación externa, el destino, uso e impacto de los recursos financieros que por períodos entrega (ha entregado) a Nicaragua, y no sólo al Estado.

Auditoría social más efectiva

Recién tuve una discusión con dos compañeros ligados al agro: un ingeniero agrónomo que brinda asistencia técnica y un productor campesino. Dos conversaciones diferentes, un mismo tema y una misma conclusión. ¿Dónde está la cooperación externa que durante 30 años (o más) ha ingresado al país para erradicar la pobreza (excusa de ahora) para desarrollarnos (excusa de siempre)? ¿Será que estaríamos peor?

La efectividad de la implementación de la LAIP, será el complemento de la auditoría social que se debe practicar desde la bibliografía nacional si hubiese un control bibliográfico nacional (http://biblionica.blogspot.com/). Es decir, si una parte importante de esa cooperación se destina a la “investigación para la acción” sus resultados deberían estar al alcance y poder determinar, mediante un estudio comparativo: ¿cuáles son las estrategias que se han implementado? ¿En qué lugares se han aplicado? ¿Qué frutos y qué impacto –por favor no retóricos- han tenido? Y, obviamente, determinar en qué y cuánto se ha gastado?

Conocer dónde y a quién dirigirse es necesario

A un mes de entrada en vigencia la ley, todavía el Estado se muestra lento en informar al público cómo se llaman y dónde están las oficinas de atención a la población. Y, como lo han denunciado algunos organismos que le dan seguimiento al tema, ni siquiera existe presupuesto propuesto para la implementación de la misma en cada una de las dependencias estatales.

Yo mientras tanto he apelado a funcionarios/as de algunos de los miembros del grupo promotor de la LAIP en busca de información y la respuesta ha sido EL SILENCIO. También he solicitado información a colegas de entes estatales (antes y después de entrada en vigencia la LAIP) y la respuesta también ha sido EL SILENCIO, lo cual sólo me indica que puedo no estar equivocado en mis apreciaciones sobre las razones de estos y estas funcionarias para no brindar información.

Sin embargo, en cumplimiento de la ley, el Estado debería de decidir quién será responsable en cada institución y publicar la lista de nombres y demás datos de las personas a las que la población debe acudir, en el entendido que, por lo desorganización actual de la información, la precisión de la respuesta no será siempre efectiva. Pero por algo se debe empezar.